¿Quién asume el costo de la Agenda Social?

Karina Arias y Luis Garrido-Vergara

El Presidente Piñera anunció recientemente un conjunto de medidas específicas para poder abordar una crisis sin precedentes en el país luego del retorno a la democracia. Algunas de las medidas anunciadas, ya transformadas en proyectos de ley, abarcan una serie de aspectos: aumento de un 20% en la pensión básica solidaria y de 20% en el aporte previsional solidario, la creación de un ingreso mínimo garantizado de $ 350 mil, anular el alza de 9,2% en las tarifas eléctricas, entre otras.

La respuesta del gobierno ha sido instalar una agenda social que plantea ser financiada con cargo al Fisco, es decir, a la recaudación de impuestos pagados por todos y todas chilenas. Lo anterior implica que el actual gobierno basa la respuesta a la crisis en una política distributiva, contrario a lo que el país está pidiendo: una reforma redistributiva que aplaque el real problema de la desigualdad socioeconómica que enfrenta nuestro país.

Entonces, ¿qué podría explicar esta desconexión con las demandas ciudadanas por parte del Presidente? Una plausible respuesta es el juego político, las dinámicas y costos políticos detrás de la promulgación de las políticas públicas. Una solución distributiva es menos costosa políticamente respecto de una solución redistributiva. Las políticas distributivas proveen beneficios a grupos específicos en una base no competitiva entre grupos sociales, pues se diluyen los costos en el conjunto de la población. En cambio, las políticas redistributivas entregan beneficios a amplias categorías de ciudadanos (usualmente asociadas a clases sociales) a costa de la pérdida de beneficios de unos pocos.

De acuerdo a lo anterior, la solución redistributiva es más proclive a generar conflicto político e ideológico, principalmente entre los que dejan sus privilegios y los que reciben beneficios (Lowi, 1964). En este contexto, se puede entender que el gobierno ha evitado promover reformas que resulten costosas políticamente para el ejecutivo y promover soluciones que generen poco conflicto legislativo, donde el juego político posibilita estrategias de no interferencia lo que favorece el actuar del gobierno.

¿Cómo esperar estabilizar el estallido social si no se da una solución al problema de fondo? A pesar del término del estado de emergencia, del cambio de gabinete y de la agenda social, la ciudadanía sigue protestando, en las calles y con cacerolazos. Por tanto, la única manera de abordar el malestar social es a través de reformas redistributivas que sean legitimadas por la ciudadanía a través de acuerdos entre todos los actores involucrados en el proceso político de las políticas públicas.

Si las respuestas del gobierno siguen sustentadas en soluciones distributivas, donde el costo es asumido por el conjunto de chilenos y chilenas, la desigualdad seguirá intacta y el malestar no terminará. ¿Es acaso el pacto de facto entre élites para mantener sus privilegios lo que nubla la visión del gobierno? Esta es una pregunta que conlleva un emplazamiento a nuestra clase política y al ejecutivo para estar a la altura de las circunstancias actuales, donde la ciudadanía pide reformas estructurales de redistribución que cambien la trayectoria de desigualdad nacional.